21 nov 2009

El Cimarrón entre la contradicción y la confusión

Las presas actuales en el país. Imagen tomada de internet


Por:
Iván Escobar
Julio César Herrera
Merlin Carolina Veliz

Los megaproyectos diseñados por las pasadas administraciones gubernamentales, tienen o deben ser ejecutados por el "gobierno del cambio". Al menos esa es la percepción que se tiene hasta ahora.

La construcción de la carretera Longitudinal, en el norte del país; represas hidroeléctricas como El Chaparral, en el oriente del país y la represa El Cimarrón, al norte, son algunos de los proyectos que suenan por estos días.

Los proyectos consideran ambientalistas de organismos como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) o el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), "constituyen riesgos en las comunidades cercanas a los mismos".

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), considera que "ahorita no esta (caminando el proyecto), pero nadie lo descarta. Imagínense ustedes, el Presidente dijo que El Chaparral va a continuar porque ya lo había iniciado el anterior gobierno. Ahora dice con El Cimarrón que ha pedido opinión al ministro de economía haber que dice, pero que va a decir, dirá que sí", advertió al ser consultado con respecto al tema.

Al tiempo que estimó que el Presidente Funes, no da mayores garantías para frenar el proyecto, "lo que hace es pasarle la pelota al gobierno anterior en el caso de El Chaparral, y pasarle la pelota en este caso a Economía...porque si no quisiera diría: No. Él quiere hacerlas, lo que pasa es que no quiere correr con el costo político, sino otros", enfatizó.

Con relación a las consecuencias de este tipo de proyecto Navarro afirmó que "los impactos son diversos, primero se va a desviar el río Lempa como 80 kilómetros para tirarlo sobre las aguas del río Metayate, en ese tramo específicamente los primeros 30 kilómetros será peor. Segundo al tirar el río por otro cause desestabilizará la zona, además esa zona es considerada como prehistórica, eso no se ha evaluado".

Y en cuando a las familias que residen en esas zonas, aseguró que el impacto lo sufrirán en sus viviendas y áreas de cultivo. "La gente se ve afectada también por las inundaciones, todos estos son los impactos que vamos a tener en El Cimarrón", precisó.

Mauricio Sermeño, de la UNES al ser consultado sobre este tipo de proyectos responde sin mayor preámbulo que técnicamente "es de mucho riesgo por la altura del tubo de descarga que da una elevada presión hidráulica y la desviación del caudal del río Lempa provoca un cambio muy significativo en la zona afectada".

En términos económicos "es demasiado caro (más de $1000 millones de dólares) y no rentable" y ecológicamente "insustentable por la modificación del ecosistema, de un agua que fluye a un embalse de agua estancada, provocando serios problemas para la biodiversidad actual y para la salud de los habitantes del incrementando la concentración de la contaminación y enfermedades como el dengue, la esquistosomiasis", valoró.

Al tiempo que enfatizó en que "la pérdida de vegetación en la zona del embalse es una pérdida irrecuperable y de gran dimensión afectando también al cambio climático y el incremento de la temperatura local por el espejo de agua que será incrementado sustancialmente".

Pero Sermeño además destaca problemas de carácter socioeconómicos, específicamente porque el proyecto constituye una violación a los derechos humanos de los residentes del lugar, "porque se eliminan sus tierras productivas provocando cambio total de su tejido social y escasez de granos básicos y productos lácteos, las tierras productivas son irrecuperables, esto significa la vida de los habitantes y eso es inviolable", señaló Sermeño.

Para la UNES las contradicciones en el comportamiento de las autoridades o interesados encontrados de algunos actores, "son evidentes", y añade Sermeño que esto se refleja con el caso del Ministerio del Ambiente "no quisiera verse forzado a otorgar un permiso ambiental injustificable".

"La CEL, léase Salume, insiste en realizar la obra a toda costa sin importarle a quien se lleva de encuentro. La SIGET no está de acuerdo con estos proyectos con argumentos muy bien fundamentados. Y Mauricio Funes toma una actitud equilibrista e imitadora de las decisiones tomadas por Brasil, con quien no podemos compararnos por nuestra posibilidad económica, densidad demográfica y extremada estrechez territorial", precisó este ambientalista.

La mala percepción se incrementa cada día, y más ahora cuando el país y en particular la zona paracentral ha sufrido la fuerza de la naturaleza, con el paso del Huracán Ida, en el Atlántico y una depresión tropical en las costas del Pacífico que han dejado casi 200 muertos, muchos desaparecidos y miles de damnificados. Un poco más de tres horas de lluvia, acumuló más de 300 mililitros de agua en la zona San Vicente, causando una tragedia de muerte y destrucción en poblados aledaños al volcán Chicontepec. Muchos consideran que esta situación una vez más deja al descubierto que El Salvador es vulnerable.

De ahí que los ambientalistas opinan que la realización de megaproyectos, vinculados al desarrollo del país en una medida pueden ser un riesgo a futuro en particular entre las familias de escasos recursos.

Las represas, han venido asegurando ex y actuales funcionarios, son "de urgencia" para El Salvador para garantizar energías más baratas. Las comunidades se resisten a este discurso y piden señales claras del Ejecutivo para evitar la ejecución de los mismos, esta Resistencia se ha visto mayormente entre las comunidades aledañas al proyecto El Chaparral.

Sin embargo, en los últimos días no ha quedado claro si el proyecto Cimarron, en el norteño departamento de Chalatenango, será vetado en su totalidad o podría quedar latente la amenaza de que el mismo se ejecute en una administración de gobierno con visión diferente a la actual.
Recientemente ha dicho el Presidente de la República, Mauricio Funes, –primera vez abordando el punto como mandatario, por cierto- que "el Presidente de la República es el que toma las decisiones en materia de conducción del Ejecutivo y sobre todo en proyectos de gran envergadura, como es la Presa El Cimarrón. En ningún momento ha dado declaraciones de que la construcción de la presa está descartada".

Aspecto que en una medida llama la atención a los ambientalistas, quienes consideran como un aspecto contradictorio el hecho de que con este tipo de posiciones el mandatario, del primer gobierno del FMLN, contradice la posición de Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente, las cuales dejó en claro la suspensión del proyecto, esto durante su intervención en el foro del Tribunal Latinoamericano.

Funes añadió en esa ocasión ante la prensa que está a la espera de lo que diga el Consejo Nacional de Energía "quien me haga una propuesta de sí necesitamos o no la presa".

Esta represa según datos oficiales tendría un costo de mil millones de dólares, generando una producción energética de aproximadamente 250 megawatts.

Nicolás Salume, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), ha dicho últimamente que la cantidad de dinero para echarlo andar sobrepasaría los mil millones, asegurando que la no ejecución del proyecto obedece a falta de recursos y no de armonía con las comunidades o el Medio Ambiente en su defecto.

Algo que las comunidades y los ambientalistas ven con preocupación, y que puede a futuro dar marcha al proyecto, cuando se tengan los recursos necesarios.

Salume, un prominente empresario y ex funcionario de gobiernos areneros, ha dicho en repetidas ocasiones que los proyectos no deben detenerse más que con la mano de Dios. Las comunidades que se sienten amenazadas por los proyectos han exigido la destitución de funcionarios que piensan más en el desarrollo sobrepasando los derechos de cientos de familias que serían desplazadas, afectadas directas o indirectas de las zonas.

Las contradicciones en la medida que pasa el tiempo afloran, el gobierno "sigue tratando el tema de forma tímida", sostiene el Padre Antonio Confesor, párroco de San Antonio del Mosco, una de las comunidades afectadas por la construcción de la presa El Chaparral.

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