ANTECEDENTES
En la madrugada del domingo 28 de junio de 2009, militares de Honduras irrumpieron de manera violenta en la residencia del Presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y lo sacaron por la fuerza, todavía en pijamas, rumbo a Costa Rica. La Canciller de Honduras, Patricia Rodas, también fue secuestrada más tarde, y hasta el lunes se confirmó su ubicación después de que México le concedió asilo. Los Embajadores de Cuba, Venezuela, y Nicaragua estaban en el domicilio de Patricia Rodas cuando el personal militar enmascarado los golpeó y los sacó por la fuerza. Más tarde, los Embajadores y Patricia Rodas fueron separados, y dejaron a los Embajadores en medio de la calle.
El evento que precedió al golpe, al cual se opusieron la élite económica, el Congreso de Honduras, y la Corte Suprema , fue un plan del presidente Zelaya para llevar a cabo una consulta ciudadana no vinculante para el domingo 28 de junio, en donde la población diera su opinión sobre si favorecía o no la realización de abrir una consulta ciudadana para reformas constitucionales. Según la derecha, los referendos no se contemplan en la Constitución de Honduras, y la élite económica y política aparentemente se sintió vulnerable a abrir las puertas a una consulta ciudadana, aunque el art. 45 de la Constitución hondureña dice: “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.”
El Congreso Hondureño y la Corte Suprema dictaminaron que la consulta ciudadana no vinculante era inconstitucional y presentaron esto como base legal para su golpe de Estado. También fabricaron una carta de renuncia del Presidente Zelaya para intentar reforzar su respaldo legal. El Congreso votó casi unánimemente (123 de 128 legisladores) para elegir como presidente al Diputado y Presidente del Congreso Legislativo Roberto Micheletti (del Partido Liberal de Zelaya). El Congreso actuó con respaldo legal cuestionable, ya que no se respetaron los procedimientos establecidos en sus leyes.
Internacionalmente, el golpe de estado militar ha sido condenado y hasta la fecha ningún país ha reconocido a Roberto Micheletti como presidente (solo CNN lo llama “Presidente”). Los países que han condenado el golpe de Estado militar y que demandan la reinstalación del Presidente Zelaya, elegido constitucionalmente, incluyen:
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Cuba, Venezuela, Perú, México, Uruguay, Republica Dominicana, Ecuador, Francia, y los Estados Unidos, entre otros. Los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Honduras y declararon el golpe como una alteración inconstitucional al orden democrático. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) también condenó el acto. La Unión Europea condenó la detención de Presidente Zelaya y demandó el regreso inmediato al orden constitucional en el país. Hoy (29 de junio) los Presidentes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) decidieron retirar sus Embajadores de Honduras. La OEA está contemplando suspender la membresía de Honduras a esa organización. Las Naciones Unidas convocaron a una sesión de emergencia hoy 29 de junio.
IMPLICACIONES PARA HONDURAS
El golpe de estado militar amenaza al proceso democrático en Honduras. Enfrenta al popularmente elegido Presidente Manuel Zelaya en contra de los otros poderes institucionales del Congreso y la Corte Suprema. El Congreso ha provocado una confrontación entre los ciudadanos y los poderes institucionales, la cual podría llevar a una confrontación violenta o una guerra civil.
Actualmente, Roberto Micheletti y el Congreso han impuesto un toque de queda de 24 horas, y han cortado la electricidad y el acceso a Internet y los medios de comunicación alternativos. El gobierno impuesto ha retirado del aire al Canal 8, 36, Telesur y CNN. Informes desde Honduras dicen que sólo caricaturas y telenovelas están pasando al aire y nada de noticias relacionadas con la situación. Además de los miembros del gabinete de Zelaya, miembros del movimiento social están siendo amenazados. Las y los manifestantes están siendo dispersos de manera violenta y rociados con gases lacrimógenos. Hasta el momento se han reportado dos muertes y el secuestro del Alcalde de San Pedro Sula.
IMPLICACIONES PARA EL SALVADOR Y LA REGION
Obviamente, el regreso de los golpes de Estado militares como una vía para accesar al poder presidencial sienta un precedente peligroso para la región. Los recientes intentos para desestabilizar al gobierno de Alvaro Colom en Guatemala no han pasado inadvertidos.
En este momento se está dando una clara transición de poder en América Latina. Ha habido un profundo rechazo al monopolio de poder de la élite, poder que fue heredado del colonialismo español y que ha sido respaldado incondicionalmente por los gobiernos de Estados Unidos durante el último siglo. El mencionado rechazo ha resultado en el reemplazo de los dictadores militares con procesos democráticos durante las últimas dos décadas. Dado que la élite económica mantuvo el poder político al comienzo de la transición de dictadores militares a la democracia, pensó que su monopolio era invencible y que su dominación económica y privilegios serían suficientes para mantener dicho monopolio. Sin embargo, el fortalecimiento y consolidación de estos procesos democráticos abrió el espacio para la transición de poder. El pueblo latinoamericano ha elegido gobiernos progresistas e izquierdistas durante la década pasada en la mayoría de sus países. Las élites económicas no respetarán la voluntad cuando hay espacio para irrespetarla. Como los gobiernos progresistas apenas están tomando raíz en la región, algunos, como Honduras y Guatemala son frágiles. Es claro que la confrontación entre las elites económicas y las mayorías pobres solamente está comenzando. Las elites económicas están haciendo su último esfuerzo para mantener su una vez incondicionales privilegios, impunidad y poder.
Debe hacerse notar que el Presidente Mauricio Funes, popularmente elegido, no disfruta de una mayoría de respaldo en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Además, se dice que la extrema derecha tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha resultado en una crisis institucional en El Salvador por la obstaculización de la derecha en el nombramiento de nuevos jueces a la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.
En una entrevista con el ex-diputado de ARENA Rolando Alvarenga el 28 de junio en una emisora radial salvadoreña, él justificó el golpe de estado y dijo que los referendos populares no son permitidos en la constitución de El Salvador y mientras que el FMLN y Mauricio Funes no intenten un referendo, no tendrán problemas. El 29 de junio en una conferencia de prensa, los diputados de los dos partidos derechistas ARENA y PCN no condenaron el golpe de Estado y hasta llamaron a los otros países a no intervenir en la situación en Honduras.
ACCIÓN URGENTE
Se necesita que todos los sectores democráticos hagan declaraciones públicas dirigidas a los medios de comunicación, al Presidente de su país, a la OEA , a las Naciones Unidas, al Congreso de su país, y a otras instituciones gubernamentales exigiendo lo siguiente:
· Denuncia del golpe de Estado militar
· La reinstalación inmediata del Presidente Manuel Zelaya
· El respeto para los derechos humanos y derechos civiles del movimiento popular y de todos los sectores de la población hondureño.
· El apoyo al proceso de democratización en las Américas.
CIS
29 de Junio de 2009
Contacto: Leslie Schuld, 7787-5407; 2235-1330, 2226-5362
Avenida Bolivar #103
Colonia Libertad
San Salvador, El Salvador
www.cis-elsalvador.org
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