La protes en La Unión se mantiene desde julio pasado.Foto: Iván Escobar
Por: Iván Escobar
Tomado de: www.diariocolatino.com
Las familias que residen en las comunidades del municipio de El Carmen, departamento de La Unión, cumplirán este fin de mes, cuatro meses de protesta pacífica para que se cierre el relleno sanitario en la zona.
Desde el pasado 31 de julio, estas familias que residen en el caserío El Amatillo, cantón El Gavilán, del municipio El Carmen, de La Unión, mantienen cerrada la vía que conduce al cantón Tihuilotal, donde está instalado el relleno de basura propiedad de la Asociación Intermunicipal del Golfo de Fonseca (ASIGOLFO).
La principal demanda de estas personas es exigir a las autoridades el cierre total de este relleno y que desde mediados de este año ha sido cerrado por los pobladores para evitar la contaminación ambiental y salud de los habitantes.
“Estamos decididos a todo. No queremos más soluciones que se cierre el botadero”, afirmó Héctor Manuel Hernández, líder comunal.
Los afectados aseguraron que vienen arrastrando este problema desde 2006, cuando se les vendió la idea de que en el lugar se construiría un centro recreativo; no obstante, las familias se dieron cuenta después que sólo era un proyecto más de recolección de basura.
Las únicas piscinas con las que cuenta la comunidad son de lixiviados.Foto Iván Escobar
La principal preocupación de los afectos ha sido “el mal tratamiento de los desechos sólidos y la contaminación que han causado en la salud, ríos y propiedades de la zona”, advirtió Aurelio Ventura.
Desde el 31 de julio, las familias se mantienen sobre la calle que conduce al relleno y dicen que no se moverán mientras esté la amenaza de este relleno. Los afectados se quejan de la indiferencia ante esta problemática, “que se ha tratado de ignorar, pese a los daños que estamos sufriendo y en particular nuestros hijos”, dijo Hernández.
“Día y noche pasamos aquí, y defenderemos los derechos de nuestros hijos”, reiteraron estas personas, quienes están dispuestos a defender sus propiedades y sobre todo el derecho de sus familias.
“Queremos dar a conocer esta problemática porque sabemos que esto es un violación a nuestros derechos, y también porque tememos que cualquier día vengan y nos quieran desalojar por la fuerza, pero seguiremos defendiendo nuestros derechos”, consideraron Hernández.
Los afectados se reservan el derecho de impulsar una denuncia internacional en los próximos días, ya que las instancias locales han sido agotadas en su totalidad, sin tener una respuesta.
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