27 mar. 2008

Katya Miranda, el rostro de la impunidad

Beatriz Castillo

Foto: Melvin Rivas

Era obediente, buena alumna, educada, callada e inocente. Así la recuerda Marta Jiménez, tía de Katya Miranda, la niña violada y asesinada el 4 de abril de 1999.
El 13 de marzo de 2008, la niña de mirada soñadora y cabello negro cumpliría la mayoría de edad. "No dejaron que la disfrutáramos" lamenta Marta Jiménez.
Katya Miranda apareció asesinada a unos metros del Rancho de los Miranda, ubicado en la playa Los Blancos, en La Paz, la madrugada del 4 de abril.
Esa madrugada, inexplicablemente la niña despareció del rancho donde pernoctaba junto a su padre, su abuela, abuelo, tíos y primos.
"Antes de Navidad de 1998, me dijo que quería quedarse (en Los Estados Unidos), creo que presentía algo, lloro porque quería quedarse", relata, la tía de Katya.
El cuerpo de "Katyta" como le decían sus familiares maternos, según consta en el proceso judicial, fue encontrado por dos socorristas, quienes fueron alertados a eso de las 3:00 de la mañana, no obstante, el cadáver fue reconocido a las 6:00 de la mañana.
"Creo que Jesús tenía un propósito con nuestra niña. Los pocos años que vivió, nos dio lo mejor", agrega la tía, quién no puede contener las lágrimas al recordarla.
El 4 de abril de 2008, se cumplen nueve años del asesinato, y hasta la fecha no existe un culpable legalmente.
La tía recuerda que Katya era muy "cariñosa" y que para toda la familia que esta fuera de El Salvador "es un ángel".
"Yo creo que este año habrá justicia para ella, esto no va quedar en la impunidad" asegura.
El caso de Katya Miranda conmocionó a la población salvadoreña, familiares, amigos y sus compañeros, los más cercanos a la niña. "Queremos saber qué realmente pasó con ella, tenemos derecho a la justicia, derecho a saber la verdad", aseguró Karla Estrada, una de sus compañeras del Colegio del Sagrado Corazón y amiga.
El grupo de jovencitas, el año pasado, en el marco de sus actividades de graduación incluyeron misas y concentraciones frente a la Fiscalía General de la República para pedir esclarecimiento del caso. "Creemos que tenemos derecho, en nombre de ella exigir justicia", agregó la joven.


Los sospechosos


Edwin Miranda, padre, un oficial del ejército responsable de la seguridad del presidente de la república, a la sazón, Armando Calderón Sol, y Carlos Miranda, abuelo, se convirtieron en los principales sospechosos del crimen de Katya Miranda, después de una denuncia pública de Hilda Jiménez, madre de la menor.
En octubre de 1999, Jiménez pidió que se investigara a los Miranda por el delito de homicidio agravado, violación y encubrimiento.
La petición incluyó también a dos mozos de la familia.
El 19 de enero de 2000, la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a los Miranda y sus dos empleados.
Después de la detención se ordena realizar la reconstrucción del crimen, en presencia de la madre y familiares, para tener una hipótesis sobre el asesinato de la niña.
La fiscalía sostuvo que nadie extraño a las personas que estaban allí, pudo ingresar, porque no existía "evidencia" de cortaduras en los linderos del rancho, por lo que enjuició a los familiares y mozos.
El 23 de enero, en una audiencia especial se decreta encarcelar a los cuatro implicados. Sin embargo, después de un largo y controversial proceso, el Tribunal de Instrucción de San Luis Talpa, en La Paz, el 13 de octubre los exoneró de cargos de forma provisional. Después la fiscalía apela la resolución, misma que es denegada el 7 de noviembre por la Cámara de Apelaciones, avalando la liberación de los Miranda.
En octubre de 2001, el Tribunal de Instrucción ordenó el cierre del proceso penal contra los sospechosos, luego de esperar un año, nuevas pruebas de cargo de parte de la Fiscalía.
El caso quedó parcialmente cerrado, pero la presión de Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), obligó al ex fiscal Belisario Artiga, anunciar en abril de 2003 la reasignación de fiscales e investigaciones, no sin antes dejar claro que los cuatro procesados fueron descartados de las nuevas pesquisas, porque la ley prohíbe procesar a una misma persona por el mismo delito. Actualmente, elcaso sigue archivado y engavetado, durmiento el sueño de los justos.

Incongruencias y "Palo"

El proceso judicial del caso Katya Miranda estuvo lleno de incongruencias. Carlos Miranda, abuelo de Katya, aseguró estar limpio de todo delito que se le acusó. En sus declaraciones aseguró que uno de sus "enemigos, Doroteo Maradiaga", habría sido el responsable del crimen.
Carlos Miranda dijo a la fiscalía que Maradiaga contrató a un sicario identificado como "Palo" y que este sedó a los familiares, por lo que sacó a la niña de su seno, sin que se dieran cuenta. Sin embargo, en otras declaraciones de los familiares involucrados, consta que dijeron que algunos no durmieron por las incomodidades. Una de las tías aseguró que escuchó algo, pero prefirió no levantarse. Lo que desvirtuó la teoría del sicario y los sedantes. La fiscalía no investigo esta hipótesis.
El 30 de agosto de 2005, "Palo" fue asesinado, según reporte de la Policía Nacional Civil.


Impunidad y violación a los derechos humanos

Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), aseguró que el próximo 4 de abril se cumplirán nueve años del crimen y nueve años de "impunidad".
"Yo siempre he sostenido que el caso Katya Miranda es como la paz en El Salvador: fue violada y asesinada antes de cumplir los 10 años. El caso debería ser una daga en el pecho de la sociedad salvadoreña, porque viola no solo la dignidad de la familia, sino la de todo el pueblo salvadoreño", reciente Cuéllar.
El director del IDHUCA, desde hace varios años se aferra a la lucha de que el caso sea investigado y que exista una condena para los culpables. "Creo que dejar en la impunidad el crimen, sólo por proteger a alguien, si eso ocurre, de qué país estamos hablando, no del país con sentido humano que nos quieren vender, sino de un país donde la justicia la tenemos que ir a buscar a fuera, así como las oportunidades de empleo, desarrollo", reclama Cuéllar.
Cuéllar criticó que el crimen de Katya Miranda y García Prieto, son ejemplos del "fracaso de pacificación salvadoreño", que se acordó después de los Acuerdos de Paz de 1992. Sin embargo, el defensor de los derechos humanos cree que la justicia para Katya Miranda llegará, no importa que tenga que venir desde afuera.
Se tienen precedentes, como las sanciones emitidas por la Corte Interameticana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos de las Hermanitas Serrano Cruz, donde emitió una sanción contra el Estado salvadoreño. En esta sanción se ordenó que el Estado pidiera perdón a los familiares e indemnización, además, juzgar y condenar a los autores del desaparecimiento forzoso. También hay una resolución emitida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de los jesuitas, donde el caso de Katya Miranda fue presentado el año pasado. "Ahora estamos esperando que nos dice sobre Katya", acotó Cuéllar.
El IDHUCA lanzó una campaña de concienciación a la población para que apoye la petición de reapertura. También busca fondos para la creación de una Comisión Internacional de Investigación Multidisciplinaria, que se encargue de investigar el asesinato y violación. La idea es que esta Comisión esté conformada por fiscales, investigadores privados, expertos forenses, y un agente del FBI retirado. Esta comisión "podría revisar la causa judicial, visitar la escena del delito y entrevistar a familiares, jueces, policías, fiscales y cualquier otra persona que pueda brindar información", puntualiza.

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