Por Iván Escobar
La verdad que sólo en este país pasan cosas como estas, y me refiero a los hechos sucitados en torno al cierre de la planta de producción de Baterias de El Salvador, (RECORD), ubicada en el cantón Sitio del Niño, de la jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad, en la última semana, en la cual la unidad de salud de esta localidad fue la que al final reaccionó ante la infinidad de denuncias por parte de pobladores de la zona.
Y es que el que hace más de dos años, los pobladores hayan denunciado la contaminación que estan sufriendo las familias en la zona, y que hasta hoy revelan la contaminación de 18 niños y niñas que estan amenazados a padecer de leucemia u otras enfermedades, por las emanaciones de plomo que genera a diario la plata de baterias que por cierto es la que reclica la totalidad de las que desechan en la región centroamericana, no fue un motivo para que las autoridades actuaran de oficio.
Mi duda en torno a esta decisión, se genera a partir de que la documentación utilizada por las autoridades del Ministerio de Salud, en respuesta a la decisión de la unidad de salud de la zona, el pasado lunes paso de ser una decisión oficial, a una decisión descentralizada que ahora ya se prevee que no goce de legalidad, tal y como lo ha advertido hoy el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Y es que el simple hecho de que la documentación no este respaldada con las firmas ni del ministro y viceministro de Salud, al final demuestran que el gobierno no tiene un interés pleno en responder las inquietudes de cientos de familias. Y sino recordemos las declaraciones de algunos funcionarios y representantes de RECORD quienes hasta han advertido acerca de la "sicosis" entre la gente.
Espero que esto no vaya a desencadenar en un problema mayor, y no sea más una cuestión de imagen ante el exterior que al final afecte a las familias que muy estusiasmadas escucharon la decisión de cierre temporal de la planta a inicios de esta semana.
Y es que extraña el desinterés hasta el momento de las autoridades de Medio Ambiente, que firmemente han dicho que la sanción se podría poner a la empresa hasta después del 7 de diciembre de 2007, en caso no cumplan con lo requerido por la Ley, de lo contrario no pueden violentar las leyes.
Las grandes preguntas ahora son: ¿el Ministerio de Salud estará legalmente autorizado a cerrar una empresa? o en el peor de los casos ¿será que la unidad de salud tenga mayor potestad que el Ministro de Medio Ambiente? espero que estas dudas se diluyan y que al final los medios de comunicación no caigan en la trampa de decir que la planta se cerró y el problema esta solucionado.
Ojo que esa es la misión como periodistas que debemos promover, para garantizar ante la opinión pública información objetiva y que defina si el problema se esta resolviendo o es como siempre sólo se intenta, pero al final la lo privado prevalece ante los problemas de la población.
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