Afectados por plomo contra Goliat

Por Beatriz Castillo

Parece absurda la negativa de las carteras de Estado de no querer cerrar la empresa de Baterias de El Salvador RECORD, cuando existen exámenes médicos que indican el grado de contaminación que estan sufriendo habitantes de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad.
Me parece más ridículo escuchar al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Guerrero, decir que sólo se cerrará una de las plantas que podría ser la causante de la contaminación que se esta generando, cuando debería ser él, la persona más consternado de los sucitado.
Este funcionario y hasta el mismo Presidente de la República, Elías Antonio Saca, habrían tomado una posición si los que están en el radio de los 8 kilómetros de contaminación fueran: hijos, sonbrinos, tíos, primos o un amigo cercano.
En una de las tantas protestas a las que con mucha valentía se han sumado los afectados por la contaminación con plomo, escuche a una señora, muy preocupada porque su hijo no estaba comiendo, tenía vómitos y dolores de cabeza. ¡Un niño! de cuatro años que tendría que correr, gritar, caerse o hacer cuanta travesura se le ocurra, reflexione.
Otro caso es el de un señor quien aseguró, que su hijo de menos de 10 años tiene en su organismo, de acuerdo a pruebas médicas 16.65 miligramos por decilitro y que apesar de presentar el grado de plomo por encima de lo normal no tiene garantizado hasta hoy un tratamiento médico.
Estos testimonios podrían ser suficientes para tomar una determinación radical que lleve a un cierre de la empresa o cambio de zona.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, apesar del papel pasivo que ha tomado desde que asumió el cargo, se ha mostrado interesado en el tema y ha dejado en claro que llevará el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luna, dijo hace unos días que si la empresa no se cierra, la contaminación en la sangre de los habitantes del Sitio del Niño, en San Juan Opico, en un corto plazo podría traducirse en una "catástrofe" y la responsabilidad sin duda sería del Estado salvadoreño.
El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Guillermo Maza, es una de las pocas personas más sensatas de la actual administración con relación a esta situación.
Él funcionario en declaraciones recientes reveló que dicha empresa esta en la ilegalidad, ya que Salud desde el 2004 no le ha otorgado los permisos necesarios para operar.
Además ha advertidó que la empresa no se cierra por puras cuestiones "políticas", pese la violación al derecho de la salud e integridad física de estas personas en su mayoría menores de edad.
Mientras se toman decisiones, Salud ha enviado 350 pruebas de sangre tomadas a infantes de una de las escuelas de la zona de contaminación para confirmar si hay contaminación. Según el reporte levantado por el "Movimiento Sin Plomo", se contabilizan unos 32 casos de personas que podrían estar contaminadas y que presentan cuadros de salud que van desde de náuses, vómitos, mareos y dolores de cabeza. También se les han realizado pruebas en aquellos infantes que los niveles soprepasan los 16.65 miligramos por decilitros en su organismo.
Ahora habrá que esperar la decisión final que tomen las instituciones responsables y el rol de algunas instituciones no gubernamentales en este caso que ha gerenando conmoción en el resto de la población salvadoreña